En el contrato centralizado se integran, en un único expediente, las prestaciones para varios ministerios y organismos. A diferencia del acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición, en el contrato centralizado se concretan las prestaciones que la empresa está obligada a realizar, y se determina el importe del contrato y su financiación.
Estos contratos se imputan al programa 923R contratación centralizada en la Sección 10 del Ministerio de Hacienda, crédito que es gestionado por la DGRCC. Se exceptúa de este sistema de financiación a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, cuyos gastos se imputan a los presupuestos de la Seguridad Social.
Este modelo de contratación, respecto al acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición, permite una mayor homogeneización en los niveles de prestación requeridos en los distintos ministerios y organismos, ya que, la determinación de necesidades se realiza en los pliegos de condiciones del contrato, elaborado por la DGRCC. Para la preparación de este documento, la DGRCC realiza un análisis cualitativo y cuantitativo de las necesidades de las entidades y organismos incluidos en el ámbito del contrato.
El procedimiento de gestión económico-presupuestaria consiste en la gestión centralizada, por parte de la DGRCC, de los mencionados créditos presupuestarios hasta la fase de compromiso del gasto, con gestión descentralizada de la fase de reconocimiento de la obligación y propuesta de pago por los responsables designados en cada departamento u organismo.
El control efectivo de la prestación del servicio corresponde a los distintos centros gestores, que son quienes realizan el seguimiento de su correcta ejecución y quienes certifican la conformidad con el mismo y ordenan el pago de las facturas.
Las únicas excepciones las constituyen el contrato centralizado de servicio de agencia de viajes, que se financia con cargo a los créditos de los destinatarios de estos servicios, y el contrato de evaluación ex post de la eficacia de las campañas de publicidad institucional, cuya gestión no ha sido descentralizada en la fase de reconocimiento de la obligación y propuesta de pago.
